Sí. La profesión está regulada por la Ley 5/2014 de Seguridad Privada, que reconoce al detective privado como el único profesional autorizado a realizar investigaciones privadas para terceros. Solo los detectives habilitados por el Ministerio del Interior, inscritos en el Registro Nacional de Seguridad Privada, pueden ejercer legalmente.

El detective privado puede investigar hechos y conductas de carácter personal, familiar, laboral, mercantil o financiero, siempre que la persona o empresa que contrate sus servicios tenga un interés legítimo en el asunto. La ley limita nuestra labor a investigar conductas privadas, nunca a suplantar funciones policiales ni judiciales.

No. La Ley de Seguridad Privada y el Código Deontológico prohíben expresamente cualquier práctica que vulnere derechos fundamentales como el secreto de las comunicaciones. Los detectives trabajan únicamente con métodos legales: seguimientos, entrevistas, observación, obtención de pruebas digitales en fuentes abiertas (OSINT), etc.

La confidencialidad y la protección de datos son pilares básicos de la profesión. El detective está obligado por ley y por deontología a tratar toda la información con absoluta reserva. El incumplimiento de esta obligación supone una falta grave sancionable e incluso la inhabilitación.

El interés legítimo es el requisito legal que debe tener quien contrata a un detective. Significa que el cliente debe tener una relación directa con el asunto investigado (por ejemplo, un empresario con un trabajador, un cónyuge en proceso de separación, una aseguradora frente a un posible fraude). Sin interés legítimo, el detective no puede aceptar el encargo.

Los informes de investigación privada tienen plena validez como medio de prueba en un procedimiento judicial. Además, el detective puede ser citado a juicio para ratificar el informe bajo juramento, lo que refuerza la credibilidad de las pruebas obtenidas.

La policía actúa en la persecución de delitos de oficio y por encargo judicial. El detective privado, en cambio, actúa por encargo de particulares o empresas en el ámbito de las relaciones privadas. Nunca puede investigar delitos perseguibles de oficio (por ejemplo, terrorismo, homicidios o tráfico de drogas), pero sí aportar pruebas sobre conductas que afectan a los intereses de sus clientes.

No. Para ejercer es obligatorio contar con la titularidad del título universitario en Investigación Privada (o equivalentes anteriores) y estar habilitado por el Ministerio del Interior. Trabajar sin habilitación constituye intrusismo profesional, penado por la ley.

El control corresponde al Ministerio del Interior y, de forma profesional y deontológica, a organismos como el Col·legi Oficial de Detectius Privats de Catalunya o la APDPE, que supervisan la ética profesional y velan por el cumplimiento del código deontológico.

No. Solo se pueden aceptar encargos con interés legítimo acreditado. Por ejemplo, un vecino que quiera espiar a otro sin motivo no podrá contratar a un detective. El detective que acepte un caso sin interés legítimo está incumpliendo la ley y su código deontológico.

Solo se realizan investigaciones con interés legítimo, conforme a la Ley 5/2014 de Seguridad Privada. Siempre se firma un presupuesto y si este lo acepta y está conforme se confecciona una hoja de encargo para garantizar la legalidad y transparencia.

El precio cubre el trabajo profesional (horas de investigación, preparación, análisis y redacción del informe). Pueden añadirse gastos justificados como desplazamientos, hospedaje o peajes.

La provisión de fondos cubre un mínimo de servicios, disponibilidad y preparación del encargo. No se devuelve parcialmente, salvo pacto expreso.

Se solicitará una reposición de fondos. Siempre se informa al cliente antes de continuar.

Sí, se entrega un informe escrito válido judicialmente. En caso necesario, el detective podrá ratificarlo en sede judicial.

Sí, pero se descontarán los recursos y tiempo ya empleados.

Tus datos están protegidos por la Ley Orgánica de Protección de Datos. Solo se usan para el servicio contratado y nunca se ceden a terceros sin tu consentimiento.

No. El coste se basa en los trabajos realizados, no en que los resultados coincidan con tus expectativas.

Depende de la complejidad del caso y de la disponibilidad de la persona investigada. Se informará al cliente del avance y de la duración aproximada, aunque nunca se puede garantizar un plazo exacto.

Siempre se solicita una provisión de fondos inicial (habitualmente el 50% del presupuesto). El resto se abona al finalizar y con la entrega del informe. El pago puede hacerse por transferencia bancaria o en efectivo.